Consecuencias legales de los errores de diagnóstico médico

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Consecuencias legales de los errores de diagnóstico médico
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Nuestros compañeros de INCURIA Tarragona nos acercan en el día de hoy a las Consecuencias legales de los errores de diagnóstico médico. Vamos con ello.

Errores de diagnóstico y negligencias médicas

Podemos definir la negligencia médica como una actuación médica errónea o mala praxis que da lugar a un daño físico y/o psíquico.

Dentro de la casuística de las posibles negligencias médicas se incluye el error de diagnóstico que puede dar lugar a un daño físico y/o psíquico, susceptible de exigir la responsabilidad correspondiente.

¿Cómo se determina un diagnóstico correcto?

Para determinar un diagnóstico correcto, según señala la STS 10 de diciembre 2010, “la toma de decisiones clínicas está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida, pruebas que serán de mayor utilidad cuanto más precozmente puedan identificar o descartar la presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena”.

Esto implica un doble orden de cosas:

  • La obligación del médico realizar “todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en ese momento, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el caso requiera, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles”.
  • Y “que no se pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior dada la dificultad que entraña acertar con el correcto, a pesar de haber puesto para su consecución todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un margen de error independientemente de las pruebas que se le realicen” (SSTS 15 de febrero 2006; 19 de octubre 2007; 3 de marzo y 10 de diciembre de 2010).

El diagnóstico para ser correcto deberá establecer y valorar el trastorno funcional, la localización y naturaleza de la lesión, la patogenia y la etiología, además de las circunstancias específicas y propias del paciente

A partir de que el profesional médico establece un diagnóstico se podrá determinar un tratamiento médico, quirúrgico y/o farmacológico para mejorar la salud del paciente, por lo que dicho error puede tener consecuencias graves en la salud de las personas.

Indemnización por daños y perjuicios

Para que una determinada actuación médica pueda calificarse como negligencia o mala praxis, se requieren tres elementos: una actuación que pueda calificarse de negligente, un daño real y efectivo, físico o psicológico, y un nexo causal entre dicha actuación y el resultado dañoso. Por ello, hay que distinguir el error del diagnóstico de todas las decisiones posteriores que determinen el tratamiento del paciente. Siendo de esta forma aplicable el artículo 1902 del Código Civil y, por lo tanto, se podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad médica.

La forma de identificar un error de diagnóstico es a través de una segunda opinión médica, en la que otro profesional médico especializado puede hacer una valoración médica con las pruebas realizadas e, incluso si hubiera sido necesaria alguna más para determinar un correcto diagnóstico. Una vez determinado el error de diagnóstico corresponderá valorar el daño.

Para cuantificar el daño, es importante contar con informes médicos periciales emitidos por especialistas en valoración del daño corporal, equipos que trabajan conjuntamente con nuestro despacho de abogados, que pueden valorar las lesiones permanentes o secuelas de carácter fisiológico, los perjuicios estéticos, las consecuencias que tenga para el desarrollo de las labores habituales y/o la actividad profesional que desempeñe, etc… y determinar la cantidad objeto de reclamación por el error de diagnóstico.

Vías de reclamación

Nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece tres vías de reclamación, en tres Jurisdicciones diferentes, dependiendo tanto del sujeto al que se dirige la misma como del objeto de nuestra reclamación:

1.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, está reservada para las acciones que se dirigen frente a la Administración y los profesionales sanitarios de la sanidad pública. En este caso, el procedimiento se inicia con una Reclamación Previa que se dirigirá contra el Servicio de Salud correspondiente. El art. 67.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece los requisitos para que un particular pueda entablar el procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños de carácter físico o psíquico. De la misma manera, fija el plazo prescriptivo de un año, a contar desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. A partir de ahí, comienza la fase judicial propiamente dicha. El recurso contencioso administrativo deberá ser interpuesto en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa)

2.- En la Jurisdicción Civil entablaremos la acción pertinente, en caso de que el profesional o profesionales médicos que consideramos responsables prestan sus servicios en un centro privado. El plazo para interponer la correspondiente demanda es de un año.

Tanto en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como en la Civil, el objeto del procedimiento es el reconocimiento de que ha habido una negligencia médica o conducta contraria a la lex artis y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a través de una indemnización. No cabe pedir la inhabilitación del profesional o profesionales sanitarios que han ocasionado los daños producidos.

3.- La Jurisdicción Penal, será la vía adecuada si se pretende la inhabilitación del o los profesionales causantes del daño y se entiende que la negligencia ha sido de tal gravedad que constituye un delito de los regulados en el Código Penal. El plazo será igualmente de un año.

El artículo 152 del Código Penal regula la imprudencia grave con resultado de lesiones graves estableciendo penas de seis meses a tres años, en función de la gravedad de las lesiones ocasionadas, contemplando igualmente la inhabilitación profesional durante un período que puede ir de los 6 meses a los 4 años. Si, finalmente, la negligencia ocasiona la muerte del paciente, habremos de acudir al artículo que regula el homicidio por imprudencia, incluyendo no solo la prisión sino igualmente la inhabilitación.

En esta vía, junto con la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios y sus consecuencias, se puede igualmente solicitar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Si ha sufrido un error de diagnóstico o si tiene dudas de haberlo sufrido nuestro equipo de abogados y médicos pueden ayudarle e identificar si se ha dado tal situación y a realizar los informes necesarios y las reclamaciones oportunas ante las entidades causantes, así como las pertinentes acciones ante los Tribunales de Justicia.

 

Puede contactar a los profesionales de INCURIA Abogados a través del 605 059 619 o en info@negligenciamedica.abogado

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