Responsabilidad de la administración en las negligencias médicas

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Responsabilidad de la administración en las negligencias médicas
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Responsabilidad patrimonial de la administración por un acto médico: principios requisitos y procedimiento.

Nuestros compañeros de INCURIA Barcelona nos hacen llegar este interesante texto en el que aclaran cuál es la Responsabilidad patrimonial de la Administración por un acto médico. Vamos con ello.

¿Cuándo surge la Responsabilidad patrimonial de la Administración por un acto médico?

En cuanto a los requisitos para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, resulta de aplicación tanto el artículo 139 y ss. de la Ley 30/1992 como y, por otro lado, la jurisprudencia que interpreta la necesidad de que concurran los requisitos para apreciar la responsabilidad de la administración sanitaria (Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 11 de mayo de 1999) y que establece la exigencia de que la actuación médica haya sido contraria a la «lex artis» para justificar la responsabilidad de la Administración. 

Igualmente se habrá de tener en cuenta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

Sobre la legitimación activa del reclamante, competencia de la administración demandada, objeto del procedimiento y la reclamación administrativa previa; ver Titulo X “De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio” de la Ley 30 /1992 de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su art 139 y ss.

Y el Reglamento de desarrollo en los art 140 a 145 del mismo texto legal, Real Decreto 429/1993 de 26 de Marzo, en materia de Responsabilidad Patrimonial, así como los arts. 1902 y 1903 del CC y la Ley de Procedimiento Administrativo.

En dichos artículos, concretamente en el citado precepto primero del art 139 se establecen los principios de responsabilidad, el cual reproducimos, en lo que nos atañe, a continuación.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Características del daño indemnizable

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

El art 141 se refiera a la indemnización y establece:

Art 141. Indemnización:

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al índice de precios de consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la ley general presupuestaria.

Daño evaluable económicamente

El Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente que el daño biológico es evaluable económicamente. En materia sanitaria, es obvio que la presencia de daños morales adicionales es muy frecuente dada la naturaleza del hecho productor de daños y de la propia naturaleza del daño.

La existencia de cualquier menoscabo sobre la salud e integridad física de las personas, además de producir el propio daño, ocasiona no solo alteraciones físicas sino de otra naturaleza: familiares, sociales, morales, que se tratan de incluir y reparar (sentencia del TS de 16 de Julio 1984, 7 de Octubre o 1 de diciembre de 1989), concepto este que reviste una categoría propia e independiente de las demás, y comprende tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los perjudicados de un error en la lex artis (sentencia TS 23 de Febrero 1988 EDJ 1988/1985).

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Enero de 2003, partiendo de la base de que el daño moral carece de parámetros o módulos objetivos, lo que conduce a un valorarlo en una cifra que, siempre tendrá un componente subjetivo, debiendo ser suficientemente motivada.

Es un derecho constitucional

La Constitución Española en su art 106.2 reconoce a los particulares, en los términos establecidos por la Ley, el derecho a ser indemnizados por toda lesión o daño que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Al propio tiempo, el texto constitucional, art 149.1 18ª atribuye al Estado competencia exclusiva  para establecer el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

Dicha previsión constitucional vino a hacerse realidad a través de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, art 139 y ss, al sentar el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión o daño que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión o daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que se trate de lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizad.

Según la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, secc 4ª S 3 de Noviembre de 2004, rec 297/ 2002, constituye error médico, error en la no diagnosis al no haberse tenido en cuenta los síntomas que presentaba, no realizándosele las pruebas diagnósticas y tratamiento adecuado.

Cuantía a indemnizar

La extensión de la obligación de indemnizar responde, según se deduce de lo dispuesto en el art 106.2 de CEy 139.1 de la Ley 30/1992, al principio de la reparación integral. De ahí, que la reparación afecte a todos los daños alegados y probados por el perjudicado, esto es, no sólo a los posibles intereses económicos o directamente evaluables, como el daño emergente o el lucro cesante, aunque excluyendo las meras expectativas o ganancias dudosas o contingentes, sino comprendiendo también los perjuicios de otra índole, como , por ejemplo, las secuelas o el daño moral, como se ha indicado en los apartados anteriores, o con carácter más bien general, el denominado “petitum doloris”.

A la hora de efectuar la valoración, la jurisprudencia (Sentencia del TS de 20 de Octubre  de 1987, 15 de Abril de 1988 EDJ 1988/3061, 1 de diciembre 1989 EDJ 1989/10823) ha optado por efectuar una valoración global que, a tenor de la Sentencia de 3 de Enero de 1990 EDJ 1990/ 42 derive de una “apreciación racional aunque no matemática”, pues, como refiere la Sentencia del mismo Tribunal de 27 de Noviembre de 1993 EDJ 1993/10759, se carece de parámetros o módulos objetivos debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso.

Ciertamente, en otros ámbitos distintos existen baremos que permiten una concreción puramente objetiva, pero la aplicación de estos baremos a los caso de responsabilidad patrimonial de la Administración puede resultar discutible, pues aunque se funde en criterios objetivos, debe recordarse que según el art 141.2 de la Ley 30/1992, la valoración debe efectuarse atendiendo a los criterios  establecidos en la legislación de expropiación forzosa, a los de la legislación fiscal y demás normas aplicables a la ponderación del valor del mercado.

La misma jurisprudencia, contencioso administrativa, se muestra vacilante en cuanto a la asunción de este tipo de baremos, por cuanto que así como el Tribunal Supremo ha apelado en alguna ocasión a los módulos valorativos referidos a otros casos, en otras ha negado su aplicación por entender que “el principio de responsabilidad directa patrimonial del Estado, con motivo del funcionamiento de sus Servicios está establecido en una Ley general y con la técnica de la cláusula general, por lo que no cabe seguir otros sistemas especiales reguladores de reparaciones debidas por la Administración por otros conceptos concretos y distintos especialmente establecidos para reparaciones”.


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